La primera y más continua incertidumbre viene marcada por el pago del doble aguinaldo, que a decir de muchos jurisconsultos es apartada de la Constitución boliviana. Muchas empresas, medianas y pequeñas, deben ajustar el cinturón frente al eventual decreto supremo que otorga este beneficio a los trabajadores, en desmedro de inversiones y contratación de mayor personal. Si bien la medida puede ser legítima o no, lo cierto es que no es la Asamblea Legislativa Plurinacional la encargada por ley a fijarlo, y por otra parte, las empresas se encuentran en permanente riesgo imprevisto y desasosiego por la situación imperante.

La otra gran incertidumbre, es el apego al resultado del referéndum del 21F. Si el fallo de un Tribunal Constitucional puede más que el voto del soberano, entonces habría que preguntar, con qué finalidad se hizo la consulta popular, y cuáles son las respuestas que a futuro pueden dar sobre esta materia, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre peticiones referidas al quebrantamiento de normas jurídicas nacionales y supranacionales, todavía pendientes. Las peticiones que a este respecto ha iniciado la oposición política – tales como las medidas cautelares ante los órganos de la OEA – y los constantes pedidos del expresidente Jorge Quiroga Ramírez ante mandatarios de Estado, son acciones concretas que no se simplifican en las pancartas y el tumulto popular.

Es importante conocer que el Derecho, como conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los hombres en sociedad, no admite vacíos, ni imprevisiones, ni falsos alegatos. Más por el contrario, el derecho otorga ya no solamente seguridad jurídica, sino paz y bienestar social. Algo, que lamentablemente, en el caso boliviano, se ha ido perdiendo poco a poco. En efecto, si el derecho ya no va a ser más reconocido como tal, no vale la pena esforzarse en crear nuevas normas jurídicas y hasta debería ponerse seriamente en tela de juicio el Órgano Electoral.

Pero las incertidumbres de gran magnitud, las que hacen al régimen político y electoral tienen vieja data: Eduardo Rodríguez Veltzé habló en su momento de una suerte de vacío legal y de poder si no se hacían efectivas las elecciones generales propuestas en su momento. Y es ahora más que necesario saber si realmente el alcance jurídico de la Constitución es de tal minusvalía que estas imprevisiones pueden presentarse.

Igualmente, habría que recordar el amplio abanico de ilegalidades y no sometimiento a la ley de autoridades de los órganos del Estado, lo que configura en su conjunto, un verdadero caos institucional. El gran problema acontece cuando la población en su mayoría acostumbra a presenciar sin criterio ni crítica permanente estos asuntos y empieza a llamar democracia a un Estado o República que llevan al despeñadero o ya al fango los principios del Estado derecho.