La consumación del fraude constitucional

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Pasadas las elecciones primarias en Bolivia, todo indica que el Presidente Evo Morales va a buscar una reelección pasando por alto la Constitución Política del Estado y el Referéndum del 21 de febrero de 2016. Y pese a ello, lo que se pretende desde la oposición política es darle crédito y demandar soluciones a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

En el primer caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no ha admitido a trámite ninguna de las peticiones de representaciones bolivianas; y tal como es el caso de una similar demanda hecha en Nicaragua, todo parece indicar que este asunto puede demorar más de media docena de años, inclusive. Sin embargo, aún no se conoce si los peticionantes del país argüirán medidas cautelares para que la Comisión resuelva a la brevedad posible, lo que parece ser la salida más óptima y cabal en las actuales circunstancias.

En el segundo caso, plataformas ciudadanas desean recolectar medio millón de firmas para que los gobiernos de Colombia y Brasil, pidan una opinión consultiva relacionada a la pertinencia o no de fundamentar una reelección como la boliviana, en un «derecho humano» establecido en el Pacto de San José de Costa Rica.

En todos los escenarios, las posibilidades de una acción coercitiva no aparecen a la vista, y solamente nos queda presenciar la consumación de un fraude constitucional, orquestado desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, y que tendrá su punto final en las elecciones generales de octubre próximo, dónde el binomio Evo Morales – Alvaro García, son ineludibles.