Por Humberto Vacaflor Ganam

Sin señales de vergüenza ni signos de arrepentimiento, el gobierno boliviano pagó la multa aplicada por Petrobras a YPFB por los fallos en la entrega de gas natural durante el año pasado.

El silencio del pagador de la multa tenía el propósito de mostrar a Brasil que este año también serán pagadas las multas que correspondan, que serán mayores a las del año pasado, a juzgar por los fallos de enero y febrero.

Hasta ahora, las multas eran pagadas de manera disimulada, no por debajo de la mesa, pero con pagos que se hacía en gas natural, o con ampliaciones en la vigencia de los plazos.

Sólo de esa manera se entiende que el ministro del ramo haya insistido tanto en decir que el contrato binacional, que termina este año, se amplía hasta 2023, una manera de decir que los volúmenes adeudados serán entregados no en seis meses sino en tres años.

Por el momento, la intención consiste en no admitir los errores ni las derrotas, porque se trata de una campaña electoral. La idea es vender todo como si fueran triunfos, que los electores no podrán identificar.

Muy disimulada está la inevitable posibilidad de que este año los ingresos que dejen las exportaciones de gas natural no sean suficientes para cubrir las facturas de las importaciones de gasolina y diésel.

Y, por supuesto, mucho más lejos está la posibilidad de que, dentro de tres o cuatro años, el consumo interno de gas deba ser atendido por importaciones. Esa será una factura muy salada y el Ministerio de Comunicación deberá contar con recursos más grandes todavía, si su tarea consistiera en decir que los culpables son otros.

Por el momento, los fracasos deben ser vendidos como triunfos. Para eso debe servir la concentración de medios y de capacidad de propaganda.

Si Boyuy es un pozo seco, hay que venderlo al público como productor, porque eso exige la campaña. Si Bulo Bulo produce 150.000 toneladas de urea al año en lugar de 700.000, se debe decir que se trata de un gran logro. Los medios que se nieguen a repetir esta patraña deberán ser castigados y excluidos de las listas de los que reciben la publicidad oficial.

Y al final, a largo plazo, todas estas faltas y todas estas multas deberán ser pagadas por los bolivianos. Los culpables serán quienes estafaron y también quienes se niegan a identificarlos y condenarlos.

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